You are hereProstituición e direitos das persoas

Prostituición e direitos das persoas


PLANOS E ORDENANZAS MUNICIPAIS

Las fotos publicadas en la prensa, con un criterio mas que discutible, sobre prostitutas practicando su oficio en la Boquería en Barcelona, ha vuelto a poner el debate siempre recurrente sobre la prostitución en primer plano. Una vez tras otra salta a la opinión, enmarañado en una confusa red de prejuicios morales sobre la sexualidad.
No es preciso aclarar que creemos que prevenir y promover la persecución de todas las formas de tráfico de personas, la explotación sexual y la prostitución forzosa es una obligación de toda la sociedad. Empezando lógicamente por los poderes públicos. Aquí no caben matices. Por desgracia, debe decirse que el “Plan Integral de lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual” aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 12 de Diciembre de 2008, es un paso bastante insatisfactorio y confuso.
De hecho en el Plan se asimila de manera inaceptable trata de seres humanos con fines de explotación sexual con la prostitución. Prostitución implica intercambio voluntario de servicios sexuales a cambio de remuneración económica entre personas adultas, sin mediar por tanto coacción para ello. Se trataría de comercio sexual no forzado
Vinculando fenómenos muy diferentes, se daña y estigmatiza a las trabajadoras del sexo, arrebatándoles a priori su capacidad de erigirse en actores sociales. Y contribuye a seguir negando la necesidad de derechos que protejan a quienes ejercen la prostitución de los abusos y atropellos sangrantes que no pocas veces tenemos que contemplar.
Porque se trata en suma de eso. De los derechos de la personas que libremente escogen el ejercicio de la prostitución.
Resulta que el ejercicio de la prostitución no es un delito en España -aunque lamentablemente algunos quisieran verlo convertido en tal-. Sin embargo, quienes la ejercen -particularmente las personas que captan su clientela en la calle y que son las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad- están siendo hostigadas, acosadas y perseguidas por planes y ordenanzas especiales de ayuntamientos de diversas ciudades como Madrid, Barcelona, Granada… y ahora parece que también El Puerto de Santa María.
Lo ocurrido en Barcelona, ha tenido la virtud de que se han expresado varios de los sectores implicados, incluidas las trabajadoras del sexo, tras lo que se plantea reconsiderar la ordenanza prohibicionista de Barcelona cuyo balance es lamentable, pues en vez de erradicar el fenómeno lo oculta provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, empeoramiento de las condiciones de trabajo y salud de las prostitutas, la precariedad en la negociación con los clientes, la imposición de mayores obstáculos  para denunciar situaciones de violencia y abuso e, incluso, una mayor facilidad de moverse de aquellos que se dedican al crimen horrible de la trata de personas.
Las mujeres que ejercen la prostitución son las primeras que aspiran a poder trabajar en la calle en mejores condiciones, de forma digna, en zonas tranquilas y seguras donde nadie las moleste y no molesten a nadie. Pero un primer problema es que su voz y sus necesidades no son nunca escuchadas ni tenidas en cuenta a la hora de dictar ordenanzas o de plantear soluciones.
La falta de regulación lleva a todo tipo de abusos. Y no somos los únicos que lo decimos. El 20 de noviembre de 2001, el Tribunal de Justicia de la UE dictó en una sentencia que la prostitución formaba parte de las "actividades económicas ejercidas de manera independiente", a condición de que fuera "por cuenta propia". Y, más cerca, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en diciembre de 2003 obligó a dar de alta en la Seguridad Social a las 12 prostitutas de un club de alterne cordobés.
Por ello se trata de abordar claramente el tema de los derechos de estas personas, considerando como es lógico los intereses y derechos de todas las partes implicadas en los conflictos que surgen, provocados las más de las veces por la falta de marco regulador. Y ello sólo se consigue buscando formulas concretas de regulación, dejando de centrar el debate en un falso dilema moral sobre la dignidad de las mujeres y la violencia de género, que en la mayor parte de los casos esconden, como decíamos, un cúmulo de prejuicios sobre la sexualidad femenina.
Regular, tiene el significado por tanto, de establecer derechos hoy negados. Como garantizar que todas las personas que trabajen en la prostitución -incluyendo a inmigrantes- tengan acceso a derechos laborales básicos. Luchar contra la estigmatización es otro paso necesario, que implica desvincular la prostitución de aspectos delictivos o penales como el proxenetismo o el tráfico de personas.
Es muy importante que los conflictos que surgen se aborden negociando las medidas que se adopten referentes a la prostitución con representantes de quienes realizan trabajos sexuales y entidades que trabajan en contacto con ellas
También se hace necesario tomar medidas preventivas y reparadoras que mitiguen las causas sociales que abocan a muchas personas a tomar decisiones laborales en contra de su voluntad. En este sentido, la exclusión, la injusticia social, y en gran medida la discriminación sexual en el trabajo, mutilan la capacidad de decisión limitando las opciones a trabajos vinculados a los afectos y cuidados, tradicionalmente reservados a las mujeres, entre los que se encuentra la prostitución.
Creemos en suma que hablando de prostitución, del comercio sexual no forzado, es preciso empezar a asumir la libertad de las personas que la ejercen y la necesidad de reconocer sus derechos humanos.

Rafael Lara es miembro de la Secretaría Permanente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.