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O sarillo de Guantánamo


A UE E O REINO DE ESPAÑA

A partir del 11 de enero de 2002 se crearon en la base norteamericana en la bahía de Guantánamo los campos X-Ray, Delta y Echo para prisioneros sospechosos de nexos con Al-Qaeda y el ejército talibán capturados en Afganistán. Estos prisioneros fueron clasificados por los EE.UU. como combatientes enemigos ilegales, una estratagema para eludir el reconocimiento de los derechos reconocidos en la Cuarta Convención de Ginebra, de la misma forma que la elección de Guantánamo (fuera del territorio de los EE.UU. y bajo jurisdicción militar), pretendía justificar su exclusión de las garantís debidas en los procesos ante tribunales estadounidenses.
Después de no pocos recursos, el 9 de noviembre de 2004 el juez James Robertson estableció que la administración Bush sobrepasó su autoridad al tratar a dichos prisioneros como combatientes enemigos en un tribunal militar y negarles el acceso a las pruebas usadas contra ellos. Poco después, el 30 de noviembre de 2004, The New York Times publicó extractos de un memorando interno de la administración Bush relativo a un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja que explicaba la utilización de medios que consideraba "equivalentes a tortura": exposición de ruidos y música molesta, temperaturas extremas durante tiempo prolongado, palizas, ofensas a símbolos religiosos islámicos...
Lo más llamativo es que este limbo sin-Derecho  haya pervivido siete años sin que la comunidad internacional (en primer lugar la ONU y los Estados aliados de los EE.UU.) haya desplegado una eficaz presión para cerrarlo. En espacio de no-derecho en el que se han vulnerado las normas elementales de protección de los derechos humanos y los principios básicos del Estado de Derecho. Es, de otro lado, uno de los emblemas de los excesos de la "guerra contra el terror" emprendida por la administración Bush en abierta violación de la normativa internacional.
Según Amnistía Internacional, se estima que 775 personas de más de 35 nacionalidades han permanecido recluidas en Guantánamo, sin acceso a asistencia letrada o a las pruebas utilizadas por los tribunales, que también podían admitir pruebas obtenidas mediante coacción. Pese a ello, ningún preso ha sido declarado culpable de ningún delito penal por Estados Unidos. Entre 2002 y 2009 fueron liberados 540 de estos prisioneros y enviados a 30 países diferentes. En julio de este año quedaban 232, de los que al menos 60 no pueden ser repatriados por temor a represalias o torturas.

La promesa electoral de Obama ¿compromiso envenenado?- Uno de los compromisos de Barack Obama al ser elegido presidente fue cerrar Guantánamo en un año, antes de enero de 2010. Parecía así cobrar cuerpo un giro radical que entrañaba el regreso de los EE.UU. a la legalidad internacional. Pero ese compromiso, aplaudido casi universalmente fuera de los EE.UU., arrostra no pocas dificultades internas y también internacionales. En este último terreno, el presidente Obama requirió de sus aliados (en especial de la UE) una postura de "solidaridad" que se debía traducir en el compromiso de acoger a algunos prisioneros: el cupo para la UE se cifraría entre 40 y 60 y debería realizarse antes de enero de 2010.
Inicialmente, el requerimiento de la administración Obama fue visto con simpatía e incluso de produjeron respuestas afirmativas casi de inmediato. Ya después de seis meses de negociaciones, en el Consejo del 4 de junio, los ministros de Justicia e Interior de la UE acordaron aceptar la llegada de presos de Guantánamo "aptos para la liberación", si bien los países de acogida pueden imponer "medidas que puedan afectar temporalmente a la libertad de movimiento en caso de necesidad".
Finalmente, sólo seis países se han manifestado dispuestos a acoger presos (España, Italia, Reino Unido, Francia, Portugal e Irlanda) y acordaron intercambiar información sobre ellos a fin de coordinar la respuesta, que exigía en todo caso que carezcan de antecedentes penales. Los Estados de la UE requieren de los EE.UU. toda la información disponible sobre ellos, incluida la confidencia (por qué y en qué circunstancias fueron detenidos, qué riesgo suponen para la seguridad del país de acogida, por qué EE.UU. no quiere juzgarlos ni tampoco repatriarlos). Francia ha sido la primera en recibir a un preso de origen argelino, sobre el que pesa la prohibición de salir del territorio francés.
En esa respuesta prudentemente positiva pesan dos factores de distinto orden: la voluntad política apoyar a la administración Obama en el retorno a la legalidad internacional y el argumento, no sólo humanitario sino también jurídico, de respetar el imperativo del derecho de asilo, al considera a esas personas acreedoras de la condición de refugiado. Pero así como el primer argumento tiene evidentes buenas razones, el segundo es mucho más complicado, desde el punto de vista procesal y también sustantivo

¿Qué deber hacer España?- El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, al concretar la primera reacción positiva del presidente Rodríguez Zapatero, expresó la voluntad del Gobierno de acoger a entre tres y cinco de estos prisioneros. El problema es en qué calidad llegan y, sobre todo, si debemos aceptarlos bajo el estatuto de refugiados y si ello comporta renunciar a cualquier otra iniciativa jurídica previa en relación con el restablecimiento de sus derechos.
No obstante, hay un problema previo, porque, a mi juicio, la primera cuestión es el esclarecimiento de las responsabilidades jurídicas y aun penales de los responsables de estas detenciones ilegales, puesto que la administración norteamericana no ha encontrado pruebas de su culpabilidad. ¿Va a eludir los EE.UU. esta responsabilidad? ¿Estos acuerdos significan que los prisioneros no podrán exigir acciones al respecto ante los tribunales de los EE.UU.? Como han apuntado algunos juristas, no debe perderse de vista que una parte de las razones de la decisión del presidente Obama son de consumo interno: librarse de la patata caliente que supondrían procesos que implicaran a oficiales de Guantánamo y a los responsables políticos de los internamientos, del mismo modo que la administración Obama ha circunscrito considerablemente el proceso de establecimiento de responsabilidades por torturas en las actividades de la CIA.
Si los acuerdos conllevan esa especie de tabula rasa, debe reflexionarse sobre el procedimiento que se adoptará, porque, de nuevo, la necesidad de una solución política parece comportar concesiones más que dudosas respecto a principios elementales de legalidad interna e internacional. El asunto tiene que ver, desde luego, con el principio de jurisdicción universal. Caber recordar a este respecto que dos jueces de la Audiencia Nacional (los magistrados Garzón y Velasco) han planteado comisiones rogatorias en relación con las responsabilidades de Guantánamo, apoyados en declaraciones de ex presos y en informes de ONG y expertos internacionales.
Dicho esto, es evidente también que, si el liberado llega a ser recibido, el acuerdo adoptado respecto a la posibilidad de imponer restricciones, como las mencionadas "medidas que puedan afectar temporalmente a la libertad de movimiento en caso de necesidad", choca con lo propio del estatuto de refugiado y no se advierten razones que puedan llevar a restringir los derechos reconocidos en la legislación internacional y en la interna a los titulares del derecho de asilo.