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Un exemplo de prisión por motivos políticos


O ZAPATAZO A ERDOGAN

En los últimos tiempos venimos asistiendo al uso y abuso de la prisión provisional en el Estado español como una medida netamente represiva, pese a la evidente lesión que supone sobre el derecho a la libertad consagrado por el artículo 17 de la Constitución. Esto le sitúa a la cabeza europea en número de personas en prisión preventiva y pone en tela de juicio la idoneidad de esta medida para asegurar la paz.

Pese a que su uso desmesurado entra en clara contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, los Juzgados de Guardia la usan de forma indiscriminada y generalizada y, ante la duda, optan por enviar al imputado a la cárcel forzando hasta el límite los requisitos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Conforme al Constitucional, la prisión provisional es una medida excepcional, porque supone encarcelar a una persona cuya culpabilidad aún no ha sido probada. Por ello se reserva para casos en que haya indicios claros de haberse cometido un delito muy grave y exista riesgo de fuga expreso, sin que pueda utilizarse por motivos políticos o como sanción. El caso de Hokman Joma es una muestra palmaria de prisión por motivos políticos, pues se envía a la cárcel a un activista pro-derechos humanos que no hace más que plantear una reivindicación humanitaria y social.

Frente a su comportamiento –que en otro caso no iría más allá de una falta en grado de tentativa– , la jueza de instrucción encargada del asunto justifica la adopción de esta medida por la “repercusión internacional” del asunto, contradiciendo directamente la jurisprudencia del Constitucional, que expresamente ha declarado inconstitucional el utilizar la alarma social de un caso como justificación de una medida de prisión provisional.

Destaca asimismo la desproporción y la poca consistencia de los numerosos delitos que se imputan a Joma. Da la impresión de que se le acusa de tantos , algunos de ellos contradictorios entre sí y que podrían implicar su encarcelamiento por muchos años, para aumentar la apariencia de gravedad y justificar un ingreso en prisión jurídicamente infundado. Y todo, a pesar de la difusión de las imágenes de la acción y detención del activista, en las que se aprecia cómo los policías y los guardaespaldas turcos le bloquearon, le taparon la boca y lo inmovilizaron contra el suelo. No se atiende a que era una persona desarmada, rodeada de policías y guardaespaldas, reducida de manera fulminante y sin posibilidad de resistencia y se obvia la ausencia de lesiones o denuncias por parte de los policías implicados.

El resto de imputaciones no son menos estrafalarias y da la impresión de que obedecen antes a la intención política de proyectar una imagen de dureza frente a los hechos que al respeto escrupuloso de las normas penales vigentes.

En definitiva, se trata de imputarle una serie prácticamente imposible de delitos para agravar la pena y justificar de ese modo la prisión provisional, sorteando la prohibición constitucional de utilizarla como sanción y quizás obedeciendo a presiones políticas y diplomáticas antes que a criterios jurídicos. Aparentemente, la absoluta desproporción de la respuesta judicial en este asunto está relacionada con el deseo político de contentar al Gobierno turco en un asunto relacionado no tanto con la dignidad de su primer ministro, como con el estatus del pueblo kurdo en Turquía.