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Menos delinquentes - mais persoas en prisión


CONTRADICIÓN PENITENCIÁRIA NO REINO DE ESPAÑA

La tasa española de presos por cada 100.000 habitantes es la mayor de la UE. La causa, políticas represivas que encarecen costes, muy alejadas de la prevención y reinserción que practican el resto de los Estados miembros.

Los progresivos endurecimientos del código penal español han llevado al país a una situación insostenible que queda evidenciada cuando se compara con Europa. España es uno de los países del entorno de la UE con menos tasas de delincuencia, sin embargo, es uno de los estados miembros con más gente en prisión.

La política legislativa que se ha desarrollado en los últimos años en España ha endurecido los delitos antes concebidos como leves incluyéndolos en el grupo de delitos penados con cárcel. Esto entraña una profunda contradicción ya que el país tiene un sistema legislativo orientado a la reinserción y la reeducación de los ciudadanos que comenten faltas.

España se sitúa en una tasa de criminalidad comparada de 45,8 por cada 1.000 habitantes, lo cual constituye una de las tres más bajas de Europa y muy por debajo de la media Europea (69,1). Sin embargo, también protagoniza el primer puesto en cuanto a tasa de presos por cada 100.000 habitantes (153,6).

Las cifras sorprenden por su envergadura: desde el año 2000 el número de reclusos en España ha aumentado un 65,1%. La cifra de internos del 1990 se ha duplicado hasta el 2009 hasta situarse en 76.090 reclusos, el 22% de los cuales se encuentra en prisión preventiva.

Represión antes que prevención

El giro legislativo hacia un marco jurídico más severo propone que prácticamente todo se resuelva con la cárcel. No obstante, nuestro código penal tiene más instrumentos que se ningunean en pro de penas más severas que suelen entrañar la entrada en prisión. La reinserción social que propone una reparación en la medida de lo posible del ciudadano que ha cometido un delito propone el castigo como última solución, solamente contemplable cuando la reeducación ha agotado sus recursos y ha fracasado. ¿Por qué entonces cultivar políticas que generan leyes dirigidas al castigo y no a la recuperación de individuos conflictivos?

Algunos expertos hablan de una legislación hecha a base de encuestas y populismo a partir de la alarma social generada, por ejemplo, a partir de la magnificación que hacen de algunas noticias los medios de comunicación.

Algunos ejemplos del endurecimiento penal la han protagonizado leyes como la de Protección Integral por Violencia de Género que ha llenado las cárceles españolas de hombres que han visto deslegitimarse su derecho a la presunción de inocencia. Otra reforma del código penal que ha provocado la sobreabundancia en las cárceles españolas es el endurecimiento de las sanciones por delitos de tráfico sin que haya quedado demostrada una relación directa con el descenso de víctimas mortales por esta causa.

Lo que resulta obvio es que las políticas preventivas ahorran recursos, mientras que las represivas encarecen los costes. De los 689 millones que costó mantener cárceles y reclusos en el año 2000, el gasto se ha disparado a los 1.250 millones que ha desembolsado la Administración. La Justicia se aleja de la rehabilitación del penado para introducirse en una tendenciosa realidad de juicios mediáticos que incapacitan perpetuamente al encausado en contextos más cercanos a la venganza social que a la justicia.

Por ello, la Administración debería ser más eficiente en el diseño y la aplicación de políticas preventivas; desarrollar un ordenamiento jurídico de calidad con normas precisas y claras; implementar medidas alternativas a la reclusión que descongestionen el sistema penitenciario español; y reconsiderar el uso de la prisión provisional para evitar que sea una suerte de condena anticipada.

Al fomentar el castigo por encima de la reinserción, el Estado promueve la represión penal como referente jurídico, un circulo vicioso que entraña graves riesgos en términos de sostenibilidad social y económica que promueve un marco legal enfermizo y que retroalimenta el sistema penitenciario español.