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A polícia en democracia


29-S en Barcelona

Dos no se pelean si uno no quiere. A pesar de las muchas excepciones que se le podrían encontrar a esta perla del refranero popular, la comprensión de todo conflicto pasa siempre por el análisis de la actuación de todos los grupos o individuos implicados.

Por eso me parece imprescindible que después de los hechos del 29-s en Barcelona se hable también de estrategias policiales.

Según el Artículo 104 de la Constitución, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. El día 29, pues, lo esperable sería que el objetivo de la policía hubiera sido proteger el derecho a la huelga (incluyendo el derecho de los piquetes a ejercer su función informativa y de los huelguistas a manifestarse) y la seguridad de las personas.

Sin embargo, la observación del despliegue del 29-s en Barcelona rebela prioridades algo diferentes. Desde primera hora, la visibilidad de la presencia policial convirtió a los efectivos de los Mossos d’Esquadra no en una fuerza de apoyo en caso de que el conflicto social no encontrara cauces pacíficos para dirimirse, sinó en un actor más en la contienda, imposible de ignorar.

Además, el blindaje de comercios y arterias principales de la ciudad contra la actuación de los piquetes (los centenares de personas que salieron de Pl. Catalunya se auto-definieron como piquete), aparte de vulnerar la legislación vigente, generó una situación de inseguridad ciudadana, puesto que un colectivo que podría haberse canalizado por una gran vía acabó disgregado y en una situación de vulnerabilidad extrema tanto ante la actuación de los elementos que optaron por la confrontación con la policía como ante la reacción de la policía a esa confrontación. El cierre de la Ronda Sant Antoni fue, a todas luces, un error de estrategia que ignoró tanto la necesidad de proteger derechos fundamentales (manifestación) como de garantizar la seguridad ciudadana. Y esa decisión fue tomada antes de que hubiera ningún disturbio.

Durante la tarde del 29-s, además, el enfrentamiento entre los individuos que optaron por enfrentarse a la policía y los efectivos policiales llegó a adoptar dinámicas de retro-alimentación, convirtiendo a la mayor parte de los participantes en la jornada de huelga y a muchos ciudadanos en involuntarios e incrédulos daños colaterales. La actuación masiva de la policía de paisano hizo también que muchos ciudadanos y ciudadanas no entendieran porqué se arrestaba a ciertas personas, puesto que muchas detenciones se produjeron mucho después de la supuesta participación de ciertos individuos en actos violentos. Que, como informó recientemente la prensa, no se utilizaran balas de goma, sinó solo su sonido como herramienta “intimidatoria”, corrobora la sensación de que quién diseñó el despligue tenía más presentes prioridades técnicas que de eficacia policial: para la mayor parte de la población, si suena como una bala de goma, es una bala de goma, y asusta a propios y extraños.

La prensa recogía también hace unos días las declaraciones de un policía presente en los disturbios, que declaraba que el conflicto entre violentos y policía “es una guerra desigual”. Precisamente: en democracia, el conflicto social no es una guerra. Ni un videojuego. No hay buenos y malos. Hay derechos y libertades, y la necesidad de preservarlos por encima de cualquier otra cosa. El objetivo de la policía, pues, no es ni impedir que la protesta exista ni eliminar a los que protestan, como en una guerra. Al contrario, es contribuir a que el espacio público sea un espacio de debate y disenso. Contribuir a la democracia.

La ciudadanía y las personas que integran las fuerzas de seguridad nos merecemos responsables políticos y técnicos capaces de entender las complejidades de la actuación policial en democracia. Ignorar esta complejidad, aparte de pisotear la Constitución, es la mejor manera de convertir a la policía en el brazo tonto de la ley.