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Absurdo xudicial e despropósito democrático


O FALLO DA AUDIÉNCIA NACIONAL

De la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a Otegi y Rafa Díez a 10 años de cárcel y a Miren Zabaleta, Sonia Jacinto y Arkaitz Rodríguez a ocho, se pueden hacer todo tipo de valoraciones políticas y jurídicas, incluida la que el Estado y los medios derechistas de Madrid parecen dispuestos de nuevo a pagar a escote una costosa campaña publicitaria a la izquierda abertzale para el 20-N. Pero lo cierto es que el fallo deja en evidencia la vulneración de principios garantistas de un Estado de Derecho: no contiene una sola prueba objetiva y documentada que avale las conclusiones del tribunal de que forman parte de la dirección de ETA. Es un conjunto de opiniones en ningún caso fundamentadas a Derecho. Que los magistrados no se hayan creído el discurso pacifista de Otegi en su comparencia judicial entra dentro de la lógica humana -como que gusten poco o nada sus posiciones políticas-, pero ese descreimiento basado en convicciones no puede ser base argumental para un sentencia condenatoria. Además, el fallo convierte en absurda la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que argumentó en favor de Ibarretxe y Patxi López por sus reuniones con Otegi y otros dirigentes de la izquierda abertzale oficial precisamente en la idea de que el diálogo en busca de la paz no puede ser considerado delito. Desde esa lógica, tampoco lo puede ser el diálogo entre los dirigentes de la propia izquierda abertzale con el mismo objetivo de poner fin al terrorismo -de aquellas reflexiones surgió el debate en la izquierda abertzale para el fin definitivo y unilateral de ETA-, más aún cuando sus encuentros eran públicos como queda claro en las hemerotecas. La Audiencia Nacional tampoco tiene en cuenta la declaración institucional aprobada en el Congreso, y todavía vigente, avalando la vía del diálogo, con ETA incluida, para lograr el final de la violencia. Y es inevitable intuir en esta actuación judicial -más allá del bochorno democrático que supone su filtración interesada dado el alcance político y social de la resolución-, una utilización táctica del Estado de Derecho, una manera de presionar desde el ámbito de la justicia a la izquierda abertzale oficial para que haga efectiva su influencia sobre ETA y acelere su punto final definitivo. En definitiva, un absurdo jurídico y un despropósito político que no tiene en cuenta ni los valores garantistas del Estado de Derecho ni la realidad de un nuevo tiempo en el que ETA ya no tiene cabida, como dijo el mismo Otegi en el juicio.